Redacción MAS Comunicación

El Gobierno federal investiga una presunta red empresarial vinculada con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, que durante casi tres décadas ha obtenido contratos millonarios con organismos electorales.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que es necesario esclarecer el origen de estas contrataciones, transparentar la adquisición de material electoral y determinar si existieron acuerdos para favorecer a determinados proveedores.

Sobre el caso, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, explicó que la investigación, realizada a partir de fuentes abiertas, identificó empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas obtuvieron contratos por 2 mil 94 millones de pesos entre 2015 y 2023 con 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Los antecedentes de esta estructura se remontan a la década de los 80, cuando los hermanos Hernández Casillas trabajaron en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal. Posteriormente participaron en la creación de empresas como Cartonera Plástica, constituida en 1988, y Formas Finas Fernando Fernández, en 1992, que años después se incorporaron al mercado de proveeduría electoral. La revisión también documenta contratos por 646.3 millones de pesos entre 2024 y 2025 con 15 OPLE.

Entre las posibles irregularidades detectadas figuran operaciones comerciales entre compañías de un mismo grupo empresarial, subcontrataciones entre participantes de una misma licitación y empresas que facturaban cientos de millones de pesos pese a contar con menos de cinco trabajadores o carecer de personal registrado.

También se identificaron posibles vínculos con compañías dedicadas al timbrado de facturas cuyas certificaciones fueron revocadas por presuntas operaciones relacionadas con factureras.

Sheinbaum señaló que esta estructura empresarial se fortaleció durante el periodo en que Lorenzo Córdova presidió el Instituto Nacional Electoral (INE) y mencionó presuntos vínculos entre sus integrantes y el partido político SOMOS.

La mandataria sostuvo que las posibles irregularidades deben ser investigadas por las instancias correspondientes, sin atribuir de antemano responsabilidades, y subrayó que el esquema de contratación no surgió con la actual integración del organismo electoral.

Como parte de las medidas para modificar el modelo de adquisición de insumos electorales, la Presidenta anunció que presentará un decreto para fortalecer a Talleres Gráficos de México, mediante la incorporación de dependencias federales, instituciones académicas y la Auditoría Superior de la Federación como observadora en su Consejo de Administración.

La propuesta busca que la empresa estatal fabrique el material electoral y que otros insumos sean adquiridos a compañías mexicanas, mientras las autoridades fiscalizadoras determinan si existieron actos indebidos y las responsabilidades administrativas o penales que correspondan.

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